La fiscal federal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión venezolano-iraní, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenidos en Ezeiza según fuentes judiciales.

Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen.

Y agregó: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Esta misma fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

Al obtener mas material que coincidiera con las sospechas se pidió que se acredite de modo fehaciente la titularidad de la aeronave de Emtrasur y confirmar si la firma Mahan Air tiene aún algún tipo de vinculación con la misma. “Mahan Air es considerada una compañía que colabora con organizaciones terroristas de su país de bandera, y Gholamreza Ghasemi es CEO y piloto de Oeshm Fars Air vinculada a Mahan Air, que hoy continúa al mando del nombrado avión”, destacó la fiscal en su pedido.

Aún con la salvedad de los alcances del informe del FBI ya señalados, de allí surge que Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC (E.O. 13224) por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la IRGC-QF y por transportar armas y personal para Hezbollah. Esta sanción no es técnicamente información de inteligencia, sino que es un dato perfectamente corroborable”, completó.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente ya suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

 

 

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