La premier italiana presentó su Presupuesto para 2023, con un fuerte énfasis en la desgravación fiscal para favorecer la contratación, rebajas tributarias para los trabajadores de medianos y bajos ingresos, y más incentivos para fomentar la natalidad.

El 22 de noviembre fue presentada la legge di bilancio, el presupuesto italiano para el 2023. “Un presupuesto valiente y coherente con los compromisos adquiridos con los italianos“, así lo definió la primera ministra Giorgia Meloni en una rueda de prensa en el Palacio Chigi.

Este presupuesto está fuertemente marcado por una precisa visión política, la cual dictaba las prioridades sobre las que concentrar los recursos. Pero que, en apenas un mes desde que asumió el gobierno, también ha sentado las bases para un correcto funcionamiento de la legislatura. La flamante joven premier también agregó que las medidas adoptadas durante la noche por el Consejo de Ministros forman parte de un compromiso estratégico global asumido.

“Es una jugada valiente, porque apuesta al futuro“, afirmó Meloni, aclarando así que incluso las políticas de apoyo a empresas y familias tienen un alcance que no se limita a amortiguar las dificultades del presente solamente, sino que apunta a invertir en el mañana y todo el Gobierno se ha movido en esa dirección, sin ceder a pequeñas cuestiones ni a egoísmos.

La ley de presupuestos aumenta el gasto corriente en 35.000 millones de euros y posee dos grandes prioridades: el crecimiento, que pasa por asegurar el tejido productivo, premiando a los que más produzcan; y justicia social, con atención a las familias, a aquellas personas con los ingresos más bajos y a las categorías más frágiles.

La jefa de gobierno enfatizó estar contenta con el trabajo realizado y el enfoque del presupuesto familiar, “cuando uno cuida su presupuesto y faltan los recursos, no hay que preocuparse por el consentimiento, sino por lo que es justo para hacer crecer a la familia de la mejor manera, para ello se toman decisiones y se asumen responsabilidades” añadió.

Adentrándose en el mérito de las medidas tomadas, la primera ministra explicó que la mayor parte de los recursos -21.000 millones- se canalizaron en disminuir el impacto de la crisis energética, para “asegurar el tejido productivo y las familias”. En este contexto, el gobierno ha confirmado y aumentado los créditos fiscales para las empresas, que pasan del 40% al 45% para las empresas intensivas en energía y del 30% al 35% para las empresas no intensivas en energía.

Para las familias, ha ampliado la cantidad beneficiados según el ingreso familiar, elevando el umbral de 12.000 a 15.000 euros anuales. Es una medida para las familias más necesitadas que supone unos 9.000 millones.

Con respecto a las ganancias inesperadas por las compañías vinculadas a los aumentos de la energía, la alícuota del impuesto especial que grava estos propósitos se ha elevado del 25% al ​​35% para recuperar 2.500 millones de euros. Además, se ha prorrogado hasta marzo el IVA del 5% del gas.

Poniendo el foco de atención en el tejido productivo, la línea política busca incentivar y premiar el trabajo en sintonía con los compromisos asumidos durante la campaña electoral. Hay 3 impuestos fijos en el presupuesto:

El primero sobre ingresos incrementales: 15% sobre el mayor beneficio obtenido con un límite máximo de 40 miles de euros. Una medida dirigida a la clase media, no como un favor a los ricos, sino para reconocer valores y sacrificios, de acuerdo a las palabras de la premier.
La segunda para autónomos, con el umbral del 15% elevado hasta los 85 mil euros.
La tercera para los trabajadores por cuenta ajena, que podrán disfrutar de un impuesto del 5% sobre los bonos de productividad de hasta 3.000 euros. “Esta medida se suma a la extensión de los beneficios marginales ya aprobados”, agregó la líder romana.
Estas tasas diferenciales conforman un nuevo sistema tributario para las categorías afectadas, en reemplazo a la aplicación del clásico impuesto a la renta progresivo. Los trabajadores incluidos en el nuevo régimen tributario verán reducida su carga fiscal ya que en anterior tributo suponía alícuotas de entre 23% y hasta 43% sobre los ingresos imponibles.

Por otra parte, el trabajo es el sector al cual el Gobierno ha dedicado más recursos: la mayor asignación, después de la energía, es para reducir la cuña fiscal. Se trata de 4.500 millones de euros destinados a confirmar el recorte del 2% para rentas de hasta 35 mil euros y añadir un 1% extra para las de hasta 20 mil, que podrán contar por lo tanto con un 3% global.

Los beneficios de la medida serán totalmente del lado de los trabajadores y confirman la atención del gobierno a los de menores ingresos. Luego está la primera aplicación del programa que Meloni resumió en la campaña electoral con el lema “cuanto más contratas, menos pagas”, ya que no pagarán cargas sociales quienes contraten mujeres, jóvenes hasta 36 años o perceptores del reddito di cittadinanza, una renta básica para desempleados que varía según la composición del núcleo familiar.

Esto solo se aplicará a los nuevos contratos, porque la medida pretende crear más empleo o una mayor estabilidad, incluso con la transformación de los contratos de duración determinada en contratos indefinidos. Además, se han introducido bonos de trabajo de hasta 10 mil euros en agricultura, sector turístico y personal de trabajo doméstico. A su vez, se ha aplazado el impuesto al plástico y al azúcar.

También se prevé una “tregua fiscal” para ciudadanos y empresas que han sido afectados por problemas económicos en los últimos años, principalmente por las consecuencias del cierre de actividades por la pandemia y el alto coste de la energía -recordemos que Italia tuvo una de las peores parálisis de actividades de toda Europa-.

Se cancelarán las deudas individuales emitidas hasta 2015 que tengan un importe inferior a mil euros. Podrán pagar en cuotas los impuestos del 2022, sin penalizaciones adicionales e intereses para quienes no los hayan pagado por la emergencia del Covid, por encarecimiento de los servicios o por dificultades económicas.

En cuanto a lo que el nuevo gobierno denomina competencia desleal, ha lanzado una disposición contra las empresas que “abren y cierran”, es decir, aquellas empresas que abren, no aportan nada al Estado, desaparecen y luego empezar de nuevo, “creemos que se debe defender a los empresarios y comerciantes de la competencia desleal y de las prácticas ilegales” subrayó la primera ministra.

Pero, por sobre todas las cosas, medidas en las que emerge claramente la impronta política del gobierno son las relacionadas a las familias, pensiones y la renta básica. El de la familia es un auténtico paquete, que a su vez sienta las bases de un programa legislativo. “Se destinaron 1.500 millones de euros a las familias y la natalidad, un compromiso que no creo que tenga precedentes en los últimos gobiernos”, aseguró la jefa de gobierno.

El paquete incluye incrementos de la asignación única (un 50% más durante todo el primer año de vida del hijo; un 50% más durante tres años para familias numerosas con 3 hijos o más) y la estabilización del incremento por hijo discapacitado, algo que fue transitorio y no estructural, “creemos que es una condición fundamental que los niños discapacitados tengan más que otros” sentenció.

Entre las medidas para favorecer a las familias: por un lado, todos los productos para la primera infancia y toallas sanitarias tendrán un IVA del 5%, por otro lado se confirma el subsidio a la primera vivienda para parejas jóvenes, entre las cuales la cobertura del Estado llega hasta el 80% de las hipotecas.

Sin embargo, el gobierno ha decidido no aprobar la reducción a cero del IVA del pan y la leche explicando que, al no poder distinguir entre rentas, la medida también se contagiaría a quienes no la necesitan. Por lo tanto se seleccionarán determinados alimentos y productos por decreto, utilizando estos 500 millones de euros para abaratar el precio de esos bienes, solo para los necesitados a través de la red de Municipios y también involucrando a productores y distribuidores.

En lo que respecta a las pensiones, se prorroga el APE sociale, es decir la anticipación de la jubilación que correspondería a los 67 años por ley, con correcciones que la hagan más equilibrada e intervenciones en la escala de las jubilaciones que permitirán a las personas jubilarse con 62 y 41 años de aportes. Y por un principio de equidad -según el Gobierno- las mínimas se revalorizarán un 120%, las de hasta 2.000 euros un 100% y así escalar a pensiones iguales o superiores a 10 veces el mínimo cuya indexación se detendrá en el 35%. “Esta es una elección política de la que asumimos la responsabilidad”, dijo Giorgia Meloni al recordar su histórica batalla sobre la necesidad de mecanismos de reequilibrio con respecto a las pensiones de privilegio.

Por último, la cuestión de la renta básica. La líder de Fratelli d’Italia explicó que era necesario más tiempo para una reforma integral, pero que mientras tanto se continuará protegiendo a quienes no pueden trabajar -discapacitados, ancianos, familias sin ingresos con menores a cargo, mujeres embarazadas- mientras que para los demás (para quienes puedan trabajar) la renta básica se suprimirá a fines de 2023 y no se podrá percibir por más de 8 meses, además de caducar a la primera negativa al trabajar y la obligación de estar presente en el territorio nacional. “Nos dimos un periodo transitorio para acompañar al trabajo y motivar a que los empleadores contraten personas que actualmente tienen la renta básica” destacó.

Para finalizar la rueda de prensa, la nueva líder de Italia sentenció que aquellos que imaginaron al Estado como una herramienta para mantener a las personas desde los 18 a los 60 años cuidándolas hasta el infinito, están equivocados, “el Estado ayuda a las personas a poder encontrar un trabajo y a mejorar las condiciones de estas personas”, concluyó, reiterando que “tenemos la intención de volver sobre este asunto en general”.

Mientras los gobiernos de izquierda pretenden mediante las rentas básicas o los empleos públicos obtener eternos votos cautivos, los gobiernos de derecha, como Fratelli d’Italia, se concentran en la creación de empleo privado y oportunidades. No buscan tener esclavos dependientes del Estado, pretenden que sus ciudadanos logren objetivos de grandeza a través del mérito, premiando a quienes puedan producir más riqueza. Hay dos modelos políticos claros y completamente antagónicos, es nuestra responsabilidad decidir cual futuro queremos para nuestras naciones.

Por Candela Sol Silva, para La Derecha Diario.

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Facebook35k
Twitter2k
Instagram480