Finalmente llegó al día. El 22 de diciembre de 2022, el kirchnerismo decidió romper definitivamente el Estado de Derecho en Argentina. Como si nada, ignoraron un fallo del máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia. Aunque ya llueven las denuncias penales y políticas, lo cierto es que el país tendrá que transitar unos meses complicados hasta las próximas elecciones, con un Poder Ejecutivo que ya rompió la poca institucionalidad que quedaba.

El debate se dio alrededor de los fondos de la coparticipación federal que Alberto Fernández le había quitado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el argumento de que Mauricio Macri los había asignado sin justificación. Horacio Rodríguez Larreta, luego de subir los impuestos para tapar el bache, fue a la justicia cuestionando la ilegalidad del accionar presidencial. Anteayer, la Corte le dio la razón al jefe de Gobierno porteño e instó al Poder Ejecutivo Nacional a reasignar los fondos quitados. El intendente celebró y convocó a una conferencia para asegurar que reduciría los impuestos aumentados y eliminaría los creados, pero el retorno del dinero no llegó. Alberto Fernández se reunió con un grupo de gobernadores peronistas e indicó que el fallo de la Corte es de “imposible cumplimiento”.

Como Pedro Castillo en Perú, que decidió impunemente terminar con el Poder Legislativo, el presidente argentino, con la misma impunidad, decide no acatar los fallos del máximo tribunal. Algo que no tenía ningún antecedente desde 1983, con el retorno de la democracia a la República Argentina. Ni siquiera en los años de la dictadura, el Ejecutivo se animó a desobedecer a la Corte. Hasta Jorge Rafael Videla acató la sentencia que lo obligó a liberar al periodista Jacobo Timerman, que había sido detenido acusado de colaborar con la guerrilla.

Por fortuna, la institucionalidad peruana recientemente reaccionó, y su expresidente, además de ser depuesto, ya está detenido. Hay que ver cómo funcionan los mecanismos argentinos en vísperas de la elección presidencial que tendrá lugar el año próximo.

Reunido con un grupo de gobernadores del oficialismo, que respaldaron la actitud golpista del mandatario, Fernández aseguró que «no es cumplible» (como si se tratara de una cuestión opinable o discutible) y que procederá a “recusar” a los jueces de la Corte. Claro que esto es un ridículo absoluto, ya que se trata de la última instancia judicial y, por lo tanto, inapelable. Parece un absurdo que el presidente que haya argumentado este mamarracho jurídico sea abogado y profesor de derecho en la Universidad de Buenos Aires. Puesto del que tendría que ser removido rápidamente, luego de su impresentable declaración de ayer.

Señalando que se trató de un “golpe”, los diputados Ricardo López Murphy y José Luis Espert ya tomaron cartas en el asunto. Mientras que el bulldog solicitó a los legisladores que lo acompañen en su pedido de Juicio Político, Espert procedió a denunciar al presidente en el ámbito penal. Técnicamente, ambos procesos deberían llevarse a cabo. Uno político, para remover a los golpistas de sus puestos como sucedió en Perú, y otro penal, ya que las acciones que Fernández y sus cómplices están llevando a cabo tienen penas de prisión.

Por Marcelo Duclos para PanamPost

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