El conflicto por el censo en Bolivia, que hace 21 días tiene a su principal región, Santa Cruz, en una huelga indefinida a la que se han unido políticos opositores y sectores sociales con medidas como huelgas de hambre o protestas, tiene polarizado al país luego de que el Gobierno aplazara la encuesta para 2024.

Santa Cruz, el motor económico de la nación, lidera las protestas para que el censo se convoque para 2023 y que los resultados se apliquen en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales.

El último censo que se realizó en Bolivia fue en 2012 y las leyes del país establecen que esa consulta debe realizarse cada 10 años.

A continuación las cuatro claves del conflicto por el censo en Bolivia:

El polémico decreto

El 14 de julio de este año el Gobierno de Luis Arce oficializó mediante el decreto 4760 la postergación del censo de población y vivienda para 2024, que estaba previsto inicialmente para este 16 de noviembre.

El Gobierno en una reunión con el Consejo Nacional de Autonomías, en la que participaron autoridades nacionales, regionales e indígenas determinaron que el censo se realizara en 2024.

Los argumentos para la decisión fueron las dificultades por la pandemia, la socialización de la boleta, la necesidad de incorporar idiomas originarios, una cartografía estadística, despolitizar el proceso, entre otros.

Bloqueos y cerco

A los pocos días de iniciado el paro indefinido, sectores afines al Gobierno respondieron contra la medida aplicando un «cerco» para aislar a Santa Cruz con bloqueos de carreteras, marchas y amenazas de tomas de empresas privadas, lo que provocó por varios días la escasez de alimentos y combustibles en la capital homónima de esa región.

El llamado cerco y los enfrentamientos que se registraron por varias jornadas fueron suspendidos en el momento en que se instaló la comisión técnica, hasta esta semana en la que se han registrado algunos roces que escalaron este viernes a hechos más violentos.

El conflicto por el censo deja ya tres muertos, varios heridos y detenidos, trabajadores de la prensa golpeados y ultrajados en el cubrimiento de los enfrentamientos, saqueos y hasta el incendio a la sede de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz.

El «veintiuno»

Casi todos los conflictos en Bolivia han girado alrededor del número 21 y ya es casi un símbolo de los sectores opositores al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y sus líderes.

Un 21 de febrero de 2016 se celebró un referendo con el que la mayoría de los bolivianos negó la posibilidad de que el entonces presidente Evo Morales se presentara a futuros comicios, sin embargo, luego recibió un polémico aval desde los tribunales supremos para postularse.

El 10 de noviembre de 2019 Morales anunció su renuncia denunciando un supuesto «golpe cívico, político y policial» luego de que la escalada de violencia en el país completaba 21 días.

El 30 de septiembre en un gran cabildo en la ciudad de Santa Cruz se dio un plazo de 21 días al presidente Arce para que fijara la encuesta para el próximo año con el mensaje: «Queremos censo en 2023, sí o sí».

El cabildo estuvo precedido por otras medidas como huelgas de un día y algunas marchas en diferentes lugares del país para exigir el censo en 2023.

Pasados los 21 días, el 22 de octubre la región de Santa Cruz entró a paro indefinido.

Este viernes, al completarse 21 días del paro en Bolivia, el conflicto por el censo está lejos de solucionarse. Desde primeras horas se han registrado fuertes enfrentamientos entre grupos oficialistas que armados de palos y otros objetos hicieron una marcha para levantar los bloqueos que han instalado los que acatan el paro.

«Veintiún días significa la fortaleza que tiene nuestro pueblo de parar el tiempo que sea necesario cuando tiene que lograr un objetivo», recordó el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho.

Censo «sin consenso»

Desde que el Gobierno anunció el aplazamiento de la consulta, realizó varios encuentros con sectores oficialistas para socializar un «censo con consenso».

Ese tipo de reuniones fueron cuestionadas por los sectores contrarios al oficialismo, que lo vieron más como eventos de orden político y no técnico como debe ser el proceso censal.

Ante la escalada del conflicto por el censo en Bolivia, varias organizaciones, el propio Gobierno, líderes políticos y cívicos de Santa Cruz, así como de las otras ocho regiones del país intentaron en varias ocasiones entablar un diálogo, que al final nunca prosperó dada las diferencias entre las partes.

Finalmente, el 4 de noviembre, Arce inauguró el trabajo de una «comisión técnica» con la participación de representantes técnicos de todas las regiones, que, luego de 4 días, recomendó que el censo de población se realice entre marzo y abril de 2024, dejando la definición de la fecha final en manos del presidente.

Esa posición se fijó en ausencia de la delegación regional de Santa Cruz y las municipales de La Paz, Trinidad y Tarija que abandonaron la mesa denunciando que sus propuestas no fueron tomadas en cuenta.

Fuente: PanamPost

Por admin

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