En esta historia todos son perdedores: incluso quienes estamos fuera de ella, pero dentro de este país. Ella seguramente soñó con la posibilidad de que un día de estos se aclararían las cosas y podría volver a su casa en Barquisimeto. A su mundo, a su familia. Pero las posibilidades eran mínimas: no porque se demostrara que es culpable de algo, sino porque así está diseñado el concepto: los metes a todos en la misma causa judicial, con o sin pruebas, y por la culpa de unos, pagan todos y así envías una señal.

Emirlendris Benítez Rosales salió de Barquisimeto el domingo 5 de agosto de 2018 a las 2 de la madrugada. La noche anterior, su novio, Yolmer Escalona, le pidió que le acompañara a hacer un servicio de traslado encomendado por su hermano Yilber. Algo tan simple y sencillo que hasta decidieron llevarse a su perrita Azabache: recoger a dos personas llamadas Alberto Bracho y José Miguel Estrada y hacerles el viaje hasta Acarigua.

Emirlendris y Yolmer pensaron que era buena idea ganar ese dinero y aprovechar de comprar carne y quesos en esa ciudad. Pero no llegaron como esperaban. En el kilómetro 163 de la autopista José Antonio Páez, cerca de las 4, los detuvo la Policía Nacional Bolivariana. Los requisaron y sin orden de detención ni motivo alguno, los cuatro pasajeros del vehículo fueron privados de libertad y enviados a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Acarigua. Casi de inmediato, los trasladaron al aeropuerto y en algún momento del camino, uno de los agentes decidió lanzar a Azabache por la ventana.

Desde ese día, Emirlendris perdió completamente su libertad. Y su vida, podría decirse: este jueves fue condenada a 30 años de cárcel. En un proceso sobre el cual abundan las denuncias de irregularidades y de tortura, y del que los conocedores del caso aseguran que se ordenó acelerar la decisión, Emirlendris terminó condenada por siete delitos: homicidio calificado en grado de frustración, homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, asociación para delinquir, terrorismo, traición a la patria, lanzamiento de artefactos explosivos en espacios públicos y daños a la propiedad.

Ella, que ni siquiera sabía lo que era un drone.

Fue en los calabozos de la Dgcim en Caracas, entre torturas y maltratros, donde más o menos se enteró de que la acusaban de haber participado en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto de 2018. Ese que todos vimos en cadena nacional y que se conoce como «el caso de los drones».

A Alberto Bracho y José Miguel Estrada -alias «el portu» y alias «zamurito»- los estaban buscando por presuntamente ser los responsables de la movilización de los drones cargados de explosivos. También buscaban a una tal «María». Es decir, no buscaban ni a Emirlendris ni a Yolmer.

El relato del caso de Emirlendris está muy bien contado por Kaoru Yonekura en el libro Ahora van a conocer al diablo: 10 testimonios de presos torturados por el chavismo, publicado por Editorial Dahbar. Es una historia que asquea y conmueve y que vuelve a reflejar las maneras en las que opera «la justicia» venezolana. Allí se lee que apenas al llegar a esa sede por donde han pasado muchos presos políticos, a Emirlendris la patearon, la golpearon, la asfixiaron con una bolsa plástica y en medio de todo aquello informó que estaba embarazada. Entonces, la golpearon más y se concentraron en la zona abdominal. La dejaron inconsciente. Y los días continuaron en esa misma tónica infernal. Emirlendris perdió al niño. La aislaron. Le dijeron que nunca más saldría de prisión y durante el juicio nunca fueron atendidas las denuncias sobre tortura ni sobre las violaciones a su debido proceso.

Sus captores cumplieron la promesa: 30 años es casi la vida entera.

Las denuncias de tortura están sustentadas y respaldadas por organismos internacionales y su caso está incluido en el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU declaró en 2021 que su detención fue arbitraria y pidió su liberación al Estado venezolano. El 17 de junio de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida de protección para que recibiera atención médica por el enorme deterioro de su salud, que tampoco fue atendida. Nada de eso importó.

Emirlendris pasó de la Dgcim al INOF y su recibimiento fue meterla en el «tigrito» 33 días: «Comió una vez cada día una escasa porción de arroz con lentejas y una vez a la semana recibió un tobo con agua para hidratarse y asearse», se cuenta en el libro.

Los abogados que la asisten por el Foro Penal aseguran que en ningún momento se estableció la culpabilidad de Emirlendris y que no hay nada que la vincule con el supuesto atentado. Emirlendris solo estuvo en un carro en el que no debió estar y fue procesada por un sistema que opera como aplanadora.

Ahora que acabó este juicio en una causa común y aunque todo pinta como para no tener esperanzas, se abre una posibilidad: la de recurrir a la sentencia de forma individual. Es otro camino. Largo, pero camino al fin.

 

Articulo escrito por Oscar Medina para El Estimulo

Por admin

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