La posible participación del presidente Nicolás Maduro en la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) este martes en Argentina, país que ejerce la presidencia pro tempore del organismo, ha desatado una ola de rechazo entre venezolanos y miembros de la oposición argentina, que piden sea detenido si llega al país.

Sin embargo, el presidente argentino, Alberto Fernández, aclaró al diario Folha de Sao Paolo que Maduro “está más que invitado” y afirmó que hasta donde tiene conocimiento, asistirá.

Días atrás, ante la “inminente” visita de Maduro, Tomás Farini Duggan, abogado e integrante del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), en representación de venezolanos víctimas de delitos de lesa humanidad en rol de “querellantes”, solicitó la “urgente declaración indagatoria de Nicolás Maduro”, para lo que debería ser conducido a tribunales.

“Que deberá llevarse a cabo el día 24 de enero de 2023, cuando arribe a nuestro país”, precisa el documento, que contiene testimonios pormenorizados de casos de detenciones arbitrarias, torturas, entre otras violaciones en Venezuela.

“La Ley 26.200 de Argentina, que implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), establece que los tribunales argentinos podrán ejercer la jurisdicción respecto de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el extranjero, siempre que así se establezca en los tratados y convenciones internacionales de los que sea parte Argentina”, agrega el documento.

“Argentina es parte de los Convenios de Ginebra y los Protocolos I y II, que obligan a la Argentina a juzgar o extraditar a autores de graves violaciones infracciones a las convenciones que se encuentren en el territorio del país”, continuó.

Consultado por la Voz de América, Farini Duggan afirma que es “indiscutible” que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad de manera sistemática, lo que ha sido constatado por instancias internacionales y, por ese motivo, explica, se presentó la denuncia.

Pero, ¿puede ser Maduro detenido en Argentina? Podría quedar descartado por lo pronto. El presidente de Venezuela es reconocido por el gobierno de Fernández y Argentina es signataria de diversos tratados, entre ellos la Convención de Viena, que le otorga inmunidad como jefe de Estado. Además, la página de Interpol no refleja orden de captura en su contra.

En ese punto, insiste Farini, no se ha podido corroborar que exista una orden de captura emitida por un juez y aceptada por Interpol, lo que sostiene que significaría una manera “viable” de solicitar una detención contra un mandatario.

“Hay tratados que se contradicen, la Convención de Viena lo protege, pero es cierto que existen también una cantidad de pactos internacionales que firmó la Argentina y que determinan que debe ser juzgada una persona que comete este tipo de delitos. Hay una condición en el derecho internacional compleja de resolver”, admite.

El integrante de FADER, sin embargo, reitera que la denuncia favorece la posibilidad, debido a que, hasta el momento, no existía una investigación en el país.

Farini detalló que el primer problema de una denuncia como la presentada es si Argentina acepta la competencia y recuerda que esa nación suramericana rige el principio de territorialidad, es decir, que los delitos son juzgados conforme a la ley del país donde se comete el hecho.

“Pero este principio tiene una excepción aceptada por el derecho penal argentino que surge del artículo 118 de la Constitución de Argentina y es cuando se constatan graves violaciones a los DDHH cometidas en el extranjero, pero deben darse algunos requisitos”, precisa.

“Debe estar corroborado, lo que está en este caso por los organismos internacionales que han intervenido. Además, no existen condiciones de que estos delitos sean juzgados de manera independiente en Venezuela, por eso consideramos que están reunidas las condiciones para que Argentina investigue estos delitos, pero primero el fiscal debe determinar que la Argentina es el país competente para investigarlo”, subrayó.

Agregó que “esto ya ha ocurrido, aquí se investigan delitos cometidos por el franquismo, así que no sería una cosa imposible, pero es excepcional”.

DEA

Patricia Bullrich, presidenta del partido PRO Argentina, anunció el fin de semana que solicitó formalmente a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) la captura de Maduro en caso de pisar suelo argentino.

“Hay un pedido de captura a Maduro por la participación en el Cartel de los Soles. Ese es un acuerdo que tiene Argentina con Estados Unidos, firmado en 1998 (…) si alguien en Argentina denuncia que una persona buscada en EEUU está aquí, las oficinas de la DEA en Argentina pueden operar en relación a la detención de la persona que tiene pedido de captura y ser extraditada a EEUU”, declaró la política a una radio local.

El ex secretario de Justicia de EEUU William Barr presentó en 2020 cargos por narcotráfico contra Maduro y se ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que pueda llevar a su captura. La medida fue calificada en ese entonces por el mandatario venezolano como una “acción extravagantemente extremista”.

Protestas
Un grupo de ciudadanos venezolanos en Argentina, país en el que según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela residen al menos 171.000 venezolanos, se concentró el fin de semana en las inmediaciones del hotel Sheraton en Buenos Aires para manifestar contra la visita de mandatarios que calificaron como “dictadores”.

Consultado por la VOA, Richard Blanco, diputado del Parlamento de 2015 actualmente exiliado en Argentina, advirtió que el martes se concentrarán en las inmediaciones del hotel donde será celebrado el evento para protestar y entregar un documento.

Blanco no tiene certeza de si Maduro viajará a Argentina, pero considera que el mandatario debe “tener miedo”.

“Él sabe bien que aquí en Argentina, su amigo, el presidente, tampoco la tiene muy bien que digamos. Aquí todavía se respeta un poquito la autonomía de poderes, no te extrañe que pueda haber un juez que dicte medida de detención a los aviones o a él mismo, eso lo planteaba Patricia Bullrich”, expresó Blanco, considerado un perseguido político en Venezuela.

Antecedentes
Maduro ha limitado sus viajes al exterior desde 2018, cuando fue reelegido en unos comicios cuestionados por gran parte de la comunidad internacional. La situación derivó en una crisis institucional tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino, que fue reconocido por decenas de países, pero en la práctica Maduro nunca dejó de ejercer el poder.

En años recientes Maduro solo ha viajado a países considerados aliados, entre ellos Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán, Turquía, Argelia, Kuwait, Egipto y Qatar. En 2021 viajó a México junto a su esposa Cilia Flores y participó en la cumbre de la CELAC; la administración de Andrés Manuel López Obrador también lo considera legitimo.

En su más reciente informe, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de DDHH de la ONU, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala a Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.

En 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.

El Estado venezolano rechaza la decisión del fiscal y argumenta que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.

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