Santa Cruz, la mayor región boliviana y motor económico del país, suspendió actividades este viernes en protesta por el encarcelamiento de su gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho, y los líderes cívicos cruceños analizan otras medidas para exigir su liberación.

Calles desiertas y bloqueadas con neumáticos o banderas, y alguna gente moviéndose a pie o en bicicleta fueron el panorama que prevaleció en la primera mitad de la jornada de la huelga en el centro histórico cruceño.

También hubo vigilias en las puertas de instituciones estatales como el Tribunal Electoral Departamental y la distrital de la Dirección General de Migración.

Algunas personas protestaron en las puertas de la oficina regional del Servicio de Impuestos Nacionales con banderas y pancartas con consignas como “La lucha es de todos”, “Basta de persecución política”, “No fue golpe, fue fraude”.

Mientras que el Palacio de Justicia cruceño amaneció con fuerte resguardo policial después de los destrozos registrados en ese edificio el miércoles tras la detención de Camacho.

En otras dependencias se reportaron otros daños, como en la oficina de Impuestos del populoso barrio Plan 3.000, donde se intentó prender fuego a una puerta metálica y un grupo de personas apedreó el edificio tras conocerse que un juez cautelar envió al gobernador cruceño preventivamente a una cárcel de máxima seguridad en el altiplano de La Paz.

También el edificio de la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones amaneció con algunos vidrios rotos.

Además de la capital regional, el paro también se cumple en varias provincias cruceñas y hay bloqueos en las carreteras que conectan al departamento con el resto del país.

La huelga de 24 horas fue convocada a instancias de una “Asamblea de la Cruceñidad”, que reúne a las principales entidades locales y organizaciones civiles de esa región, tras la detención de Camacho.

SITUACIÓN DEL GOBERNADOR

El pasado miércoles el opositor fue detenido en la ciudad de Santa Cruz y luego fue trasladado a La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento, en un cuestionado operativo policial.

Un juez cautelar dispuso esta madrugada enviarlo con detención preventiva durante cuatro meses a la cárcel de Chonchocoro, en el altiplano paceño, por el caso conocido como “golpe de Estado I” por la crisis de 2019.

En la audiencia, Camacho sostuvo que “nunca” se va a rendir y que seguirá “luchando” contra lo que considera ha sido un “abuso” del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

La Fiscalía le acusa del delito de terrorismo por los hechos registrados durante la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, que luego denunció ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.

Por este mismo caso se detuvo en marzo de 2021 a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus exministros, aunque finalmente fue condenada en junio de este año a 10 años de prisión por situarse ilegalmente en línea de sucesión presidencial por el proceso denominado “golpe de Estado II”.

Algunos comités cívicos de otras regiones, como la andina Potosí, anunciaron que desde la próxima semana iniciarán movilizaciones en sus departamentos y también está prevista una reunión nacional de estas organizaciones en Santa Cruz para coordinar otras acciones de protesta, anunció el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

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